En Chile, el temor al delito ha producido una intensa agenda de participación ciudadana en los territorios. Inspirados en los postulados de la criminología ambiental y la ecología urbana, se han difundido esquemas de participación vecinal, cuyas teorías suponen que la organización y el lazo social actúan como una barrera informal frente a la inseguridad en los vecindarios. Un aspecto poco analizado refiere a cómo se producen de manera cotidiana estos procesos, cuál es el rol que juega el Estado y cuáles son los mecanismos que hacen posible la segurización. El artículo, fundado en un estudio etnográfico en un barrio de Santiago, propone que el sentimiento de desprotección que experimentan los sujetos moviliza prácticas que adquieren la textura del cuidado que les permite lidiar con la incertidumbre que produce el peligro. Ello es posible en un contexto en el cual lo barrial y lo comunitario son moldeados a través del llamado a participar a la ciudadanía hecho por el Estado, que moviliza el cuidado mutuo al mismo tiempo que segrega y estigmatiza a los más pobres. Estas prácticas son promovidas por las políticas neoecológicas de seguridad en los territorios, la cuales ponen límites a la vida en común en la ciudad.

“… es importante la comunidad organizada. No hay que esperar que los otros nos hagan la pega y todos les echan la culpa a los otros cuando pasa algo. Todavía no entienden que todos debemos cuidarnos mutuamente”. (Entrevista a dirigente vecinal, 14 noviembre, 2014).

Estas palabras son de una dirigente y activa líder vecinal quien participa constantemente con el municipio en materia de seguridad. Para ella, la seguridad se aborda de manera colectiva e involucrándose en las estrategias que fomenta el municipio. Por su parte, la municipalidad es conocida por ser una institución proactiva en acoger el discurso de la participación ciudadana y de la prevención del delito que se ha instalado en la agenda pública en Chile. Y es que, siguiendo la experiencia internacional, la inseguridad relacionada con el delito en Chile, desde fines de los años noventa, ha dado origen a una amplia agenda de planes y programas públicos de participación ciudadana.

Los estudios que han abordado los esquemas participativos confirman que en la base de su implementación se encuentran dos sistemas de teorías que explican la inseguridad en los vecindarios: los postulados de la prevención situacional y los elementos teóricos de la ecología del delito. Ambos cuerpos ponen énfasis en la participación de la ciudadanía como un mecanismo de control social informal frente al delito y al temor que este produce (Trebilcock y Luneke, 2019). Quienes han estudiado el fenómeno han establecido que el fortalecimiento de los vínculos sociales disminuye la percepción de inseguridad (Lee y Mythen, 2018). Una arista poco abordada por esta literatura refiere a cómo se producen estos procesos de manera cotidiana y cuáles son los mecanismos mediante los cuales se produce el fortalecimiento comunitario en esquemas de segurización vecinal. Esta investigación busca dar cuenta sobre prácticas ciudadanas de gestión de la inseguridad e indaga en los elementos y procesos que las configuran. En particular, busca comprender y analizar de manera situada y empírica cómo -o bajo qué dinámicas y mecanismos sociales- se produce el fortalecimiento de los vínculos sociales en los territorios en estos esquemas, cuál es el rol del Estado en estos procesos y cuáles son las implicancias de las políticas neoecológicas de seguridad para la vida vecinal (Letelier, 2019).

Para ello, primero se da cuenta de la trayectoria de las políticas participativas en Chile y de las características que estas han adoptado en los territorios, seguido de los antecedentes teóricos que inspiran tales estrategias. A continuación, se sintetizan los aspectos metodológicos para luego analizar los principales resultados de la investigación, remitiendo a la dimensión de cuidado que adquieren las prácticas de segurización vecinal. A modo de conclusión se sintetizan los principales hallazgos del estudio y se analizan críticamente los límites que tiene el cuidado vecinal para la vida en común y su relación con las políticas neoecológicas en el ámbito de la seguridad y de la ciudad.

En las últimas décadas, el delito y el temor que éste produce ocuparon un lugar prioritario en la preocupación pública en Chile. Frente a ello, y desde 1990, se observa una intensa agenda pública en esta materia (Dammert, 2012). Siguiendo una trayectoria similar a la de países del mundo anglosajón (Garland, 2005; Shearing y Wood, 2011), la respuesta frente al delito y el temor en Chile se ha complejizado. Las estrategias públicas ya no sólo están centradas en el castigo y la sanción sino que también apuntan a reducir los múltiples factores que están en la base de la inseguridad al incorporar a los ciudadanos en las respuestas (Garland, 2005). En este desarrollo, aparecen en el quehacer público conceptos como el de corresponsabilidad y la coproducción de la seguridad, cuyo eco ciudadano se materializa en múltiples esquemas de participación para la gestión de los riesgos. Este desarrollo se instala en América Latina desde fines de los años noventa coincidiendo con la transición de las democracias neoliberales (Sozzo, 2000).

En Chile, los primeros antecedentes respecto a la participación vecinal en esta materia se encuentran a mediados de los años noventa y es a partir de 2000 que la participación se consolida como eje central de las políticas de seguridad. Dentro de ellas destacan los comités de vigilancia y protección barrial (Dammert, 2003; Sandoval, 2001), los consejos comunales de seguridad (Dammert y Lunecke, 2004), las estrategias de integración entre la policía y la comunidad (Candina, 2005) y los proyectos de prevención situacional en los espacios públicos (Dammert et al., 2005).

En este repertorio, una de las estrategias más difundidas son los esquemas de vigilancia vecinal y dentro de este tipo de estrategias destacan, por su cobertura, los sistemas de alarmas comunitarias. En términos generales, estos proyectos apuntan a reducir las condiciones físico-ambientales que facilitan la ocurrencia del delito y/o que producen temor y a fortalecer la participación de la ciudadanía en la gestión de los riesgos (Frühling y Gallardo, 2012). Quienes han estudiado estas prácticas dan cuenta que este enfoque está fundado en dos sistemas de ideas que han prevalecido en las políticas de seguridad, mostrando que el sentimiento de inseguridad se asocia a variables del entorno urbano y a las relaciones sociales que existen en él. Entre estas destacan las teorías del ambiente y prevención situacional, y las teorías de la ecología del delito.

Uno de los cuerpos de conocimiento en este ámbito es la criminología ambiental (Ceccato y Nalla, 2020). Este cuerpo de teorías, que son sintetizadas por el modelo conceptual de prevención situacional, recoge los postulados de la teoría de las ventanas rotas de Kelling y Coles (1997), la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson (1979) y la teoría de elección racional (Becker, 1968). Junto a ellas, se encuentran conceptos del urbanismo que se orientan al diseño de ambientes seguros, como “ojos a la calle” (diseño abierto de casas y espacios) de Jane Jacobs (1961) y el de “espacio defendible” de Oscar Newman (1972).

Estas suponen que a través de tácticas orientadas “a la protección del blanco” y de “estrategias de diseño del entorno urbano” (Smith y Clarke, 2012) es posible disminuir el temor al delito. Las “estrategias orientadas al blanco” utilizan tácticas que aumentan el esfuerzo necesario para delinquir al incrementar los riesgos y disminuir las recompensas derivadas del delito. En este grupo se encuentran los artefactos disuasivos como rejas, iluminación, alarmas, cámaras de televigilancia, casetas de vigilancia, etc. (Welsh y Farrington, 2012). Por otra parte, las “estrategias orientadas al ambiente” implican intervenciones asociadas a la modificación de las características del paisaje urbano, mejorando áreas inseguras existentes y/o incluyendo diseños que permitan la vigilancia natural de áreas, la accesibilidad a espacios, entre otras (Rau y Castillo, 2008). Por otra parte, estas teorías muestran que el principal componente en los esquemas de prevención situacional esla participación ciudadana, en cuanto elemento activo para el reforzamiento territorial, el sentido de pertenencia y la apropiación de los espacios públicos (Sherman et al., 1997).

Por otra parte, muchas de las políticas de seguridad vecinal apuntan a la capacidad cohesiva de las comunidades como barrera frente al deterioro criminógeno en entornos residenciales (Hope, 1995). Estas iniciativas se fundan en estudios que muestran que los bajos niveles de confianza interpersonal, el desconocimiento entre vecinos, la baja capacidad asociativa y la baja identificación con el territorio son elementos que inciden en altos niveles de temor (Kessler, 2009; Núñez et al., 2012; Sampson, 2012). Este conocimiento reconoce que, junto a variables individuales (género, edad y nivel socio económico) que explican el temor, se encuentran aquellas que tienen que ver con la vida vecinal y con variables de carácter urbano asociadas a las transformaciones que afectan a las ciudades y sus barrios (Ceccato y Nalla, 2020). Especialmente se destaca en los factores de nivel barrial que determinadas cualidades de las dinámicas relacionales entre vecinos y percepciones compartidas que definen la identidad del sector inciden de manera significativa sobre la inseguridad (Wilson-Doenges, 2000). En este sentido, la desorganización social de un territorio explica por qué vecindarios con similares características socioeconómicas y residenciales pueden concentrar problemas de inseguridad muy diferentes: “la desorganización social es un estado característico de las relaciones entre vecinos, producto de la falta de cohesión social y de la incapacidad de ejercer control social informal ante las conductas desviadas que erosionan la confianza y el respeto para con el otro” (Tocornal et al., 2014, p. 198). La apuesta de las políticas de seguridad se basa en el supuesto de la “eficacia colectiva”, la cual remite a la capacidad que tiene una comunidad para ejercer control social informal sobre niños y adolescentes (Sampson, 2012) y a facilitar intercambios de ayuda mutua y acciones de vigilancia colectiva sobre el barrio.

En Chile, los estudios se han concentrado en analizar las variables que explican la percepción de temor y confirman que a nivel territorial se asocia a las ya mencionadas variables individuales, a las condiciones del ambiente (falta de iluminación, mala vigilancia natural, desórdenes físicos y sociales en el espacio público) y a la falta de vínculos sociales (Lunecke, 2016; Salazar y Acevedo, 2013; Varela y Schwaderer, 2010).

Sin embargo, y pese a que estas iniciativas han reemplazado a otros espacios de participación ciudadana en los territorios, se ha puesto poca atención en las prácticas cotidianas que los esquemas vecinales articulan y a los significados sobre el peligro que estos movilizan. Tampoco se ha problematizado sobre las formas de relacionamiento social que emergen y cómo estos esquemas constituyen espacios de encuentro de nuevas intersecciones entre los sujetos y el Estado (Broudeau, 2011). Esta investigación indaga en dichos esquemas y se pregunta por el vínculo social que emerge de ellos, analiza cuáles son las dinámicas relacionales que se movilizan y cuál es el rol que juega el Estado en estos procesos. Interesa relevar cómo, a través del llamado que hace este último a participar, moviliza nociones de lo barrial que moldean los vinculos sociales en vecindarios.

La investigación responde a una investigación etnográfica realizada por la autora y que se focalizó en un esquema participativo como caso de estudio: la Mesa de Seguridad en barrio La Capilla en la comuna de Peñalolén. La “Mesa”, como la llaman los vecinos, constituye una instancia que agrupa a diversas organizaciones sociales: una junta de vecinos, un centro de adulto mayor, un centro de desarrollo comunitario y ocho comités vecinales. Estas organizaciones fueron favorecidas por el programa municipal de alarmas comunitarias en 2010, y fueron reactivadas en 2014, cuando, frente a la demanda de vecinos, la Municipalidad implementó la mesa de seguridad que funciona como un dispositivo socio territorial de conversación, diagnóstico y coordinación (figura 1). Dependiendo de los problemas, esta sesiona una o dos veces al mes y las reuniones se realizan en la sede vecinal. Por su parte, el municipio acompaña las reuniones a través de un encargado territorial, quien lleva un acta de solicitudes para gestionar con distintas instituciones públicas en el nivel local. En ocasiones también participan representantes de la Municipalidad y de otras instituciones públicas y privadas.

La Mesa es parte de la política municipal que potencia las estrategias de prevención del delito en los barrios. Esto se debe a que la política de Peñalolén busca fortalecer el capital y los lazos sociales en cada unidad vecinal (Ilustre Municipalidad de Peñalolén, 2014). El foco de la estrategia está puesto en el involucramiento de las organizaciones sociales en esquemas de vigilancia, recuperación y mantención de espacios públicos y en colaborar con diagnósticos sobre los problemas.

Este caso fue seleccionado como relevante pues representa una forma extendida de hacer seguridad en los vecindarios (Gerring, 2006). Los participantes del estudio fueron seleccionados a partir de la observación en el trabajo de campo y el contacto se hizo de manera directa y/o mediante el método de “bola de nieve”. Su número final se definió por criterio de saturación de información (Flick, 2004). Durante quince meses (octubre 2014 y enero 2016), las actividades fueron acompañadas mediante la observación participante y registradas a través de notas de campo y de material visual. Se aplicaron veintisiete entrevistas en profundidad a sujetos y se realizó una entrevista caminada con cinco dirigentes, sumado al análisis cualitativo de fuentes primarias y secundarias. Se aplicó también una encuesta de satisfacción respecto a esta instancia participativa. Los datos fueron analizados mediante una descripción densa (Geertz, 1973).

La Mesa de seguridad se instaló en el barrio La Capilla en la comuna de Peñalolén (figura 2), el cual limita con la avenida José Arrieta, con la avenida Consistorial y con el Parque Peñalolén. Construido en un sitio ocupado durante más de diez años por una toma de terreno 1 , el sector está constituido por ocho villas construidas a principios de los años ochenta y por un total de 562 casas en las cuales habitan aproximadamente 2.300 personas (información entregada por la Junta Vecinal). Según datos municipales, el 40% de los vecinos vive en el sector hace diez años, siendo, en su mayoría, jóvenes familias arrendatarias o propietarias. El otro 60% corresponde a vecinos más antiguos que llegaron al sector en la década de 1980. Según los mismos antecedentes en términos sociales, La Capilla está compuesta por familias de nivel socio económico medio (C2 y C3) y las jefaturas de hogar son usualmente adultos mayores.

Respecto a los problemas de inseguridad es posible identificar tres grandes amenazas percibidas: i) aquellas vinculadas a delitos; ii) aquellas relacionadas con las condiciones del entorno urbano, y iii) aquellas relacionadas con la presencia del campamento que colinda con el vecindario.

Respecto a la preocupación por los delitos, los vecinos demandan siempre más presencia policial y gestión del municipio. Para ellos, el problema central es que la policía nunca llega y se sienten solos. Si bien los problemas delictuales no soy muy altos en relación con la comuna (figura 3), se observa que el sector concentra denuncias asociadas a robos en hogares.

Pese a ello, y como destacó el encargado municipal de la Mesa, en La Capilla “la percepción general de inseguridad (y no los robos) es el principal problema” (entrevista, 13 de octubre de 2015). Esto, ya que las demandas por seguridad tienen que ver sobre todo con condiciones urbanas. De hecho, en una reunión en la cual se elaboraron mapas de riesgo delictual, los principales problemas señalados fueron los paraderos de microbuses deteriorados, árboles sin podar, falta de luminarias, veredas en mal estado, pasajes cerrados y oscuros, el aseo de las calles, el mal estado de las rejas, el despeje del alcantarillado, los perros sueltos, la falta de “lomos de toro”, el deterioro de áreas verdes y la reparación del colector de aguas lluvias. Otros problemas que concentraron la atención de los participantes se asocian a la insalubridad ambiental producida por el sitio eriazo con pastizales que hay en el Parque de Peñalolén y a la basura del campamento. Así, la preocupación por el entorno físico y ambiental y por las condiciones de la infraestructura urbana fue un tema predominante en reiteradas ocasiones. Este tipo de problemas fueron registrados también en la entrevista caminada que realizamos en el polígono del barrio, en la cual se registraron los problemas ilustrados en la figura 3.

De manera similar a lo que se constata en otros estudios, el temor al delito esconde otras preocupaciones que van más allá del crimen (Lupton, 2000). Si bien algunas de ellas coinciden con los factores de riesgo delictual, otro gran grupo dice relación con estos otros tipos de problemas.

A una asamblea del mes de noviembre de 2015 asistió el encargado municipal del campamento. La conversación se inició por el problema de los ratones que afectaba a las casas y las preguntas remitieron a la erradicación definitiva de los pobladores. Para los vecinos de La Capilla sus problemas comenzaban y terminaban con “La Toma” y los malos olores, los ratones y la basura se asociaban a ella. Una vecina señaló en esa ocasión que “los peligros en el vecindario empezaron cuando llegaron estas familias”. Junto a ella, otra vecina entrevistada aclaró:

Los relatos del peligro convergieron una y otra vez en torno al deterioro del vecindario causado por la Toma. Tras veinte años desde que se instaló el campamento, y aun cuando cerca del 90% de las familias ya han sido trasladadas, aún la Toma es signada como foco de inseguridad. Las familias que viven allí albergan la imagen de “suciedad” que manejan los vecinos y los juicios se vinculan a una elaboración sociocultural de quiénes son los peligrosos en la sociedad. El peligro se elabora de manera cotidiana cada vez que se confrontan con la presencia del campamento. La contaminación y el peligro (Douglas, 1992) adquieren cara y cuerpo de poblador:

Pero en el relato asociado a dichas familias, también participan los encargados municipales, quienes, para calmar a los vecinos, recaen en el discurso de “empeligrosamiento” (Kessler, 2012): “las familias que quedan viviendo son las más complicadas y difíciles de trasladar a nuevos terrenos asignados”, les explicaba en dicha sesión el funcionario municipal.

Así, la preocupación por el delito y el riesgo en el barrio canaliza incertidumbres y ansiedades asociadas a los cambios en el orden social que se originaron tras la toma de terreno, la cual ha sido uno de los conflictos urbano-territoriales más conocidos en la ciudad de Santiago (Rojas, 2005). El fenómeno puede describirse en consonancia con los estudios de Taylor (1996) quien desmenuza las ansiedades vecinales en relación con las transformaciones socio espaciales y al enfrentamiento con the urban other, figura que representa a un sujeto socialmente despreciado. Este enfrentamiento fomenta actitudes y acciones de vigilancia activa, que pone a los vecinos en lo que el mismo Taylor ha descrito como war position: una actitud de defensa de su vecindario, que por lo general potencia las ansiedades de los residentes.

Esto explica en parte por qué tras diez años del proceso de erradicación, la Toma sigue configurando estructuras de emociones que, en este caso, refieren a la proyección del miedo sobre un determinado grupo social del cual hay que protegerse (Douglas, 1992). Sobre el campamento (figura 5) recae la distinción de clase social, categoría que les permite a los vecinos de La Capilla diferenciarse y configurarse en torno a la protección de grupo que busca tranquilidad y un entorno ordenado en el cual habitar. Como destaca Rojas,

Esta alteración -aunque en retirada- sigue vigente y se reactualiza toda vez que emergen problemas de delitos y/o de orden urbano en el territorio. De alguna forma, el campamento, como señaló una entrevistada, “frustró la idea de barrio tranquilo y cordillerano por la cual llegamos a vivir acá”. Esto debido a que, al ser consultados en las entrevistas sobre la motivación residencial, la mayoría refirió a la búsqueda de “tranquilidad”, “cordillera”, “limpio”, “acogedor” y “campestre”. Esas cualidades fueron las que los llevaron a vivir ahí y fue esta expectativa la que se vio frustrada.

La consecuencia inmediata de la llegada de los pobladores fue que algunas familias vendieron, otras arrendaron y las que se quedaron pusieron rejas, muros y dispositivos de seguridad (Rojas, 2005). Todas estas medidas terminaron por reconfigurar el espacio urbano, instalando una nueva estructura y orden relacional. En este contexto se comenzó a afirmar una violencia simbólica (Bourgois y Sheper Hughes, 2003) de manera poco advertida. Este caso confirma lo que Rasse (2015) destaca al analizar los vínculos sociales en territorios habitados por grupos socioeconómicos diferentes, mostrando que la proximidad física no siempre produce relaciones de amistad o vecindad.

Así, la inseguridad y el peligro en La Capilla se elabora a partir de la resignificación del lugar que se habita y por el impacto que tuvo la Toma sobre sus expectativas residenciales. Los entrevistados se sienten permanentemente amenazados por el campamento y esta sensación actualiza la memoria del conflicto urbano. Pese a que los vecinos construyeron un muro (figura 6) de más de cuatro metros de alto para protegerse, esta iniciativa desencadenó las demandas por mayor seguridad y la realización actividades de encuentro en las que se coordinan para cuidarse y cuidar al vecindario.

Si los problemas urbanos y la presencia del campamento están en la base de la demanda por seguridad, las actividades que se realizan en la Mesa no están siempre orientadas soluciones. De hecho, la encuesta de satisfacción 3 -aplicada en diciembre de 2015 a 21 personas- mostró que nadie pensaba que esta había servido para mejorar los problemas, pero sí que había servido para mejorar la convivencia. Vecinas y vecinos tuvieron consenso en señalar que la instancia había servido para “aprender a cuidarse mutuamente”, cuidado que era entendido como informarse sobre los problemas del vecindario, tomar medidas de precaución de manera asociativa, conocerse y compartir. De manera persistente, en los relatos emergió la gramática del cuidado, porque para los vecinos la seguridad se hace cuidándose unos a otros, de manera asociativa, nunca solos. Estos relatos contienen elementos que se asocian a lo que Tronto (1993) denomina taking care of, para dar cuenta las distintas formas que hay de cuidado y que remiten no sólo a una preocupación pasiva por los problemas, sino que implica asumir una responsabilidad y definir una respuesta: “es que uno reconoce que puede actuar sobre el problema (identificarse) y decidir si es o no apropiado hacerlo. Implica una idea sobre la agencia y sobre la responsabilidad sobre ello” (Tronto, 1993, p. 106).

Pero también existe en esta forma de entender la segurización vecinal una ética de la solidaridad y del ayudarse que está cargada de una dimensión afectuosa/cariñosa en la cual la otra persona cobra importancia y es objeto del cuidado que se busca hacer entre todos. De manera horizontal y recíproca, las dirigentes, vecinas y vecinos entendían que estar seguros es “estar pendientes de los otros”. El vínculo que estas dirigentes cultivan se asocia a lo que Kleinman (2012) ha destacado sobre el cuidado, en tanto se trata de una preocupación sobre sí mismo y sobre el otro y que, antropológicamente, involucra un vínculo de reciprocidad. Porque el cuidado involucra la afectación entre y con los otros, moviliza una responsabilidad de hacerse a uno mismo disponible para responder a la necesidad de los demás. Esto era lo que querían las dirigentes vecinales de la Mesa: que los vecinos antes que nada se conocieran, compartieran, pero, sobre todo, estuvieran pendientes de lo que le sucede al de al lado. La textura del cuidado emergió en las reuniones mensuales en las cuales se ponían en común las preocupaciones. Este espacio se convirtió también en un espacio pedagógico que buscaba enseñar a los vecinos a estar siempre atentos a lo que les sucedía a los demás y al vecindario en general (preocupación activa). Para el encargado municipal de la Mesa y las dirigentes del barrio, había que educar a los otros a solidarizar y cooperar.

Literatura reciente sobre el cuidado pone énfasis en la importancia que adquiere- cómo código ético- el ayudar y la protección que se moviliza en prácticas pequeñas y mundanas que están imbuidas en la idea del estar ahí para otros en la vida cotidiana (Murray et al., 2017). Este código asociado al cuidado emergió una y otra vez en el “estar pendientes de los otros” declarado por las dirigentes, frase que constituía una especie de filosofía que ha de ser asumida y respetada por todos. De hecho, una vecina destacaba siempre que las tareas de ellos no eran vigilarse mediante el uso de Whatsapp o “sapear”, sino “conocerse, cuidarse y ayudarse. Estar ahí”. Esta filosofía implica un estar ahí existencial y presencial, aun cuando no se pueda hacer nada concreto frente al problema. Y es que, esta ética implica un compromiso especulativo de cómo las cosas podrían ser diferentes, si es que se genera el cuidado (Puig de la Bellacasa, 2011).

Pero el “estar pendiente de”, no sólo involucra la atención activa respecto a los otros, sino que también cuidar el entorno físico del barrio. El cuidado en La Capilla involucra narrativas y acciones que se dirigen también a las cosas que constituyen el barrio: la dimensión material que este tiene, y que refiere a veredas, áreas verdes, árboles, plantas, follajes, paraderos de micros, juegos de plazas, sitios eriazos, luminarias, señaléticas. Y es que, no sólo las personas, sino que también las cosas y el ambiente natural son objeto del cuidado (Tironi y Rodríguez-Giralt, 2017). Como muestra la figura 7, el cuidado de la plaza aledaña a la sede comunitaria es evidente. De hecho, la señora Juana, quien administra la sede, comentó con orgullo cómo ellas, el año anterior, habían logrado pintar el muro y habían instalado juegos infantiles en ese espacio: “nos preocupamos siempre de regar el pasto para que ‘esté verdecito’”, señaló. Entre vecinas habían hecho una jornada para plantar pasto y flores que cada una había aportado.

Cuando se realizó la entrevista caminada, una dirigente destacó, al ver una luz apagada, que hacía poco había catastrado todas las luminarias en las villas del sector. Y es que, a las vecinas les importa tener su vecindario lindo, con infraestructuras en buen estado, porque tal como destacó, le tienen cariño a su barrio. Ese es su espacio -social, físico y simbólico-, donde han hecho su vida y su mundo. En este sentido, para las vecinas cuidar del barrio “es un compromiso emocional, físico y material, (…) que tiene una función de comunicación simbólica, significativa y con sentido…” (Freeman, 2017, p. 195).

Pero en la Mesa también se busca compartir. En julio de 2015, las vecinas querían celebrar la llegada del invierno, de la misma forma en que habían celebrado navidad, vacaciones, el día del niño y fiestas nacionales. Durante un año se organizaron seis convivencias 4 , en las cuales todos llevaban algo para tomar, comer y “simplemente compartir y estar con los otros en un rato agradable”, como dijo una vecina. En la convivencia del invierno había comida, bebidas y dulces aportados por todos (figura 8).

La convivencia servía como mecanismo de activación para el cuidado vecinal. Una dirigente dio unas palabras e hizo un brindis elocuente en este sentido: “salud por esta mesa, porque hemos podido conocernos y compartir. De eso se trata, de conocernos, cuidarnos y que estemos más seguros”.

De manera similar a como el cuidado se moviliza en prácticas de cariño en otros contextos (Murray et al., 2017), en el caso de la Mesa, el cuidado mutuo es una forma de relacionarse afectuosamente con los otros y de significar la sociabilidad en los vecindarios. De manera horizontal, el cuidado también adquiere una textura cálida y acogedora.

De acuerdo con Tironi y Rodríguez-Giralt (2017), para el caso de Puchuncaví, Chile, la comunidad afectada por la contaminación ambiental se organiza para compartir experiencias, reparar y sanar el sufrimiento, al mismo tiempo que se activan acciones y procederes. Y si bien en este caso la amenaza del peligro no genera necesariamente sufrimiento, sí el cuidado en su dimensión de protección se activa cuando se percibe peligro. Y es que, pese a que en muchas asambleas sólo se conversaba y nunca se resolvía efectivamente un problema, el juntarse sí cumplía una función terapéutica que sirve para que los vecinos estén tranquilos, al tener la certeza de no estar solos. La copresencia entrega protección subjetiva y sana la ansiedad, en un contexto en el cual, el proceso de erradicación del campamento produjo mucha incertidumbre. Y es que, a principios de 2014, la alcaldesa había anunciado el traslado de las 220 familias que quedaban viviendo y con ello, se iniciaría la expansión del parque y de las áreas verdes. El anuncio produjo preocupación pues el territorio quedaría vacío y existía temor de una posible nueva toma.

La Mesa se fue convirtiendo en un espacio de terapia y sanación, en el cual los vecinos buscan desahogarse y sentirse escuchados por otros. La retórica a la comunidad y del barrio fue articulada por las dirigentes cada vez que se manifestaban preocupaciones. Una dirigente destaca en una entrevista:

Pero en este proceso el Estado también moviliza una idea de barrio y de vida vecinal apelando a la idea de comunidad. Promueve que la solidaridad y los lazos sociales se fortalezcan como mecanismo principal de prevención del delito y segurización. Ello, aunque se segregue y estigmatice a los pobladores del otro lado del muro.

La inseguridad y los relatos del peligro que emergen en la Mesa se encuentran en el seno de las prácticas del “cuidado vecinal”. El cuidar-se (al uno mismo, a los otros y al entorno urbano) se circunscribe en un “nosotros” elaborado a partir de la amenaza que significa la presencia y la experiencia del campamento y de peligros percibidos. Vecinos y dirigentes participan en los relatos del delito, elaborando un discurso social del “empeligrosamiento” (Kessler, 2012) hacia el sector de la Toma, movilizando también el estigma que recae sobre sus pobladores. En este sentido, y como destaca Kessler (2012), si bien la pobreza siempre fue el foco de los relatos de quienes ocupan la escala social más poderosa, en las sociedades preocupadas por el delito ese relato está cargado de imágenes de riesgos y peligros. En este caso, la solidaridad, los afectos y la sanación que se movilizan en las prácticas cotidianas configuran un espacio de protección en el cual el cuidado vecinal emerge como una dinámica relacional, que permite navegar en la inseguridad, aunque al precio de estigmatizar a los otros. Y es que, en esta búsqueda, se ejerce de manera cotidiana e invisible la violencia simbólica (Bourgois y Sheper Hughes, 2003) hacia los más pobres de la ciudad. Como destaca Tronto (1993), la dimensión de protección que implica la dinámica relacional del cuidado opera muchas veces justificando el daño o dañando a otros. En este contexto, el cuidado no siempre moviliza ideas inocentes y buenas (Murphy, 2015): hay itinerarios diversos que muestran su compleja naturaleza en tanto forma de relacionamiento social. Al respecto, Ticktin (2011) agrega que el cuidado tiene una dimensión apolítica: al mismo tiempo que protege y sana, puede dañar a otros reproduciendo o negando las distribuciones de poder y de estratificación social preexistentes. Para la autora, el cuidado es apolítico porque no permite cambiar las asimetrías de poder que estructuran el orden social.

En este caso de estudio, el cuidado vecinal hace posible la construcción de los lazos sociales, navegando entre las estructuras simbólicas de la desigualdad territorial. Tal como evidencian otras investigaciones, en Santiago no solo se le teme a lo desconocido, sino que sobre todo se teme a los pobres de la ciudad (Dammert, 2012). El cuidado vecinal se hace contra ellos. Este proceso de “empeligrosamiento” se articula en prácticas defensivas y evasivas y confirma lo que estudios sobre los efectos de la proximidad residencial destacan para las ciudades en Chile. Como señala Rasse,

Por su parte, para Araujo (2020) la morfología de la ciudad va acompañada por representaciones de una ciudad dividida y de prácticas individuales segregacionistas. Estas prácticas tienen como principal consecuencia que la experiencia de lo común (entendido como lo que todos compartimos) es lejana para los habitantes urbanos. La ciudad se corta por estas prácticas segregacionistas al mismo tiempo que fortalece una relación con el espacio público y las calles, de apropiación individual o colectiva. Destaca que en Santiago tiende a desaparecer lo común, la alteridad se convierte en amenaza y el extranjero/desconocido en sospechoso.

En este sentido, los resultados evidencian que el cuidado basado en la idea de comunidad permite la activación de la red social, pero disminuye la tolerancia a la heterogeneidad y refuerza la expectativa de orden y de vivir entre iguales, contradiciéndose con la naturaleza diversa y caótica del habitar urbano (Sennett, 1992). La investigación muestra que la experiencia de lo común queda limitada a las fronteras de los barrios, reforzando el empeligrosamiento y agudizando los procesos de fragmentación simbólica en la ciudad.

En estos procesos, el Estado juega un rol activo al reforzar la noción de barrio entre iguales mediante sus políticas y programas que, movilizadas por la retórica comunitarista, buscan calmar y tranquilizar a los vecinos. Como ha argumentado Bauman, “la comunidad satisface necesidades de los sujetos en la modernidad líquida: la de pertenencia, diferenciación, arraigo y seguridad frente a contingencias modernas” (Bauman, 2006, p. 11). Y, con el concepto de “la comunidad” se invoca una especie de espíritu antiguo como mecanismo de solución frente a los problemas que presenta la ciudad neoliberal sin cambiar sus estructuras (Harvey, 1997). En Chile, las políticas de seguridad y las políticas urbanas han desplegado una idea de lo barrial que es propia del enfoque ecologista y que está cargada de una ética y valoración positiva de la comunidad (Letelier, 2019). Sin embargo, y como se observa en el caso estudiado, este mecanismo no sólo permite la gobernanza neoliberal de los territorios (mediante la corresponsabilización seguritaria), sino que también el control y la vigilancia de conductas y de sujetos que no responden al orden social instituido (Tapia, 2019). Estas políticas neoecológicas se diseminan en Latinoamérica a través del Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2000 como una forma de dar integralidad a las intervenciones urbanas (Letelier, 2019) de la misma forma como lo hicieron con las políticas de seguridad (Trebilcock y Luneke, 2019). Como destacan Brenner et al. (2011) este “nuevo localismo” permite a los gobiernos controlar a las personas y mitigar las consecuencias sociales negativas de la ciudad neoliberal. El vecindario en estas políticas representa una idea de solidaridad social que es independiente a la ciudad y que permite simplificar la complejidad de lo urbano.

El estudio deja en evidencia que, tanto en el ámbito de la seguridad como de la ciudad, las políticas neoecológicas merecen ser revisadas y problematizadas con miras a pensar y estudiar “lo común” y los límites que este encuentra en la ciudad neoliberal.