El derecho de acceso a la justicia, derecho humano y principio básico del Estado de derecho es esencial para garantizar un desarrollo sostenible y sociedades más justas y pacíficas. Para asegurar su efectividad, los Estados deben implementar medidas para salvaguardar, entre otros, derechos, garantías y protección judicial. Por esta razón, debemos referirnos a la agenda de Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el objetivo 16, acceso a la justicia, para hacer una crítica respecto de la creación de estrategias y acciones en un tema que se ha omitido por el legislador mexicano, la indemnización por error judicial, ya que el marco legal y de interpretación no contribuye a exigirle al Estado una responsabilidad directa y objetiva por los daños causados a una persona que ha sido privada de su libertad injustamente.